Juan Carlos I,
Rey de España
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed:
Que las Cortes 
Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. 
I
La relación y convivencia de pareja, basada en el afecto, es expresión 
genuina de la naturaleza humana y constituye cauce destacado para el desarrollo 
de la personalidad, que 
nuestra 
Constitución establece como uno de los fundamentos del orden político y la 
paz social. En consonancia con ello, una manifestación señalada de esta 
relación, como es el matrimonio, viene a ser recogida por la 
Constitución, en 
su artículo 32, y considerada, en 
términos de nuestra jurisprudencia constitucional, como una institución jurídica 
de relevancia social que permite realizar la vida en común de la pareja.
Esta garantía constitucional del matrimonio tiene como consecuencia que el 
legislador no podrá desconocer la institución, ni dejar de regularla de 
conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico, y con su 
carácter de derecho de la persona con base en la 
Constitución. Será la ley que desarrolle 
este derecho, dentro del margen de opciones abierto por la 
Constitución, la que, en cada momento 
histórico y de acuerdo con sus valores dominantes, determinará la capacidad 
exigida para contraer matrimonio, así como su contenido y régimen jurídico.
La regulación del matrimonio en el derecho civil contemporáneo ha reflejado 
los modelos y valores dominantes en las sociedades europeas y occidentales. Su 
origen radica en el Código Civil francés de 1804, del que innegablemente trae 
causa el español de 1889. En este contexto, el matrimonio se ha configurado como 
una institución, pero también como una relación jurídica que tan sólo ha podido 
establecerse entre personas de distinto sexo; de hecho, en tal diferencia de 
sexo se ha encontrado tradicionalmente uno de los fundamentos del reconocimiento 
de la institución por el derecho del Estado y por el derecho canónico. Por ello, 
los códigos de los dos últimos siglos, reflejando la mentalidad dominante, no 
precisaban prohibir, ni siquiera referirse, al matrimonio entre personas del 
mismo sexo, pues la relación entre ellas en forma alguna se consideraba que 
pudiera dar lugar a una relación jurídica matrimonial.
Pero tampoco en forma alguna cabe al legislador ignorar lo evidente: que la 
sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de 
convivencia, y que, por ello, el legislador puede, incluso debe, actuar en 
consecuencia, y evitar toda quiebra entre el Derecho y los valores de la 
sociedad cuyas relaciones ha de regular. En este sentido, no cabe duda de que la 
realidad social española de nuestro tiempo deviene mucho más rica, plural y 
dinámica que la sociedad en que surge el Código Civil de 1889. La convivencia 
como pareja entre personas del mismo sexo basada en la afectividad ha sido 
objeto de reconocimiento y aceptación social creciente, y ha superado arraigados 
prejuicios y estigmatizaciones. Se admite hoy sin dificultad que esta 
convivencia en pareja es un medio a través del cual se desarrolla la 
personalidad de un amplio número de personas, convivencia mediante la cual se 
prestan entre sí apoyo emocional y económico, sin más trascendencia que la que 
tiene lugar en una estricta relación privada, dada su, hasta ahora, falta de 
reconocimiento formal por el Derecho.
Esta percepción no sólo se produce en la sociedad española, sino también en 
ámbitos más amplios, como se refleja en la Resolución del Parlamento Europeo, de 
8 de febrero de 1994, en la que expresamente se pide a la Comisión Europea que 
presente una propuesta de recomendación a los efectos de poner fin a la 
prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, y garantizarles 
los plenos derechos y beneficios del matrimonio.
II
La Historia evidencia una larga trayectoria de discriminación basada en la 
orientación sexual, discriminación que el legislador ha decidido remover. El 
establecimiento de un marco de realización personal que permita que aquellos que 
libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo 
puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad se 
ha convertido en exigencia de los ciudadanos de nuestro tiempo, una exigencia a 
la que esta ley trata de dar respuesta.
Ciertamente, la 
Constitución, al 
encomendar al legislador la configuración normativa del matrimonio, no excluye 
en forma alguna una regulación que delimite las relaciones de pareja de una 
forma diferente a la que haya existido hasta el momento, regulación que dé 
cabida a las nuevas formas de relación afectiva. Pero, además, la opción 
reflejada en esta ley tiene unos fundamentos constitucionales que deben ser 
tenidos en cuenta por el legislador. Así, la promoción de la igualdad efectiva 
de los ciudadanos en el libre desarrollo de su personalidad (
artículos 9.2 y 
10.1 de la Constitución), la 
preservación de la libertad en lo que a las formas de convivencia se refiere (
artículo 1.1 de la Constitución) y 
la instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los derechos sin 
discriminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier otra condición 
personal o social (
artículo 14 de la 
Constitución) son valores consagrados constitucionalmente cuya plasmación 
debe reflejarse en la regulación de las normas que delimitan el estatus del 
ciudadano, en una sociedad libre, pluralista y abierta.
Desde esta perspectiva amplia, la regulación del matrimonio que ahora se 
instaura trata de dar satisfacción a una realidad palpable, cuyos cambios ha 
asumido la sociedad española con la contribución de los colectivos que han 
venido defendiendo la plena equiparación en derechos para todos con 
independencia de su orientación sexual, realidad que requiere un marco que 
determine los derechos y obligaciones de todos cuantos formalizan sus relaciones 
de pareja.
En el contexto señalado, la Ley permite que el matrimonio sea celebrado entre 
personas del mismo o distinto sexo, con plenitud e igualdad de derechos y 
obligaciones cualquiera que sea su composición. En consecuencia, los efectos del 
matrimonio, que se mantienen en su integridad respetando la configuración 
objetiva de la institución, serán únicos en todos los ámbitos con independencia 
del sexo de los contrayentes; entre otros, tanto los referidos a derechos y 
prestaciones sociales como la posibilidad de ser parte en procedimientos de 
adopción.
Asimismo, se ha procedido a una imprescindible adaptación terminológica de 
los distintos artículos del 
Código Civil que se refieren o 
traen causa del matrimonio, así como de una serie de normas del 
mismo Código que contienen referencias explícitas al sexo de 
sus integrantes.
En primer lugar, las referencias al marido y a la mujer se han sustituido por 
la mención a los cónyuges o a los consortes. En virtud de la nueva redacción del 
artículo 44 del Código Civil, la acepción 
jurídica de cónyuge o de consorte será la de persona casada con otra, con 
independencia de que ambas sean del mismo o de distinto sexo.
Subsiste no obstante la referencia al binomio formado por el marido y la 
mujer en los 
artículos 116, 
117 y 
118 del 
Código, dado que los supuestos de hecho a que se refieren estos artículos 
sólo pueden producirse en el caso de matrimonios heterosexuales.
Por otra parte, y como resultado de la disposición adicional primera de la 
presente Ley, todas las referencias al matrimonio que se contienen en nuestro 
ordenamiento jurídico han de entenderse aplicables tanto al matrimonio de dos 
personas del mismo sexo como al integrado por dos personas de distinto sexo.
Artículo único. Modificación del Código Civil 
en materia de derecho a contraer matrimonio.
El 
Código Civil se modifica en los siguientes 
términos:
- 
Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 
44, con la siguiente redacción:
 El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos 
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
- 
Dos. El artículo 66 queda redactado en los 
siguientes términos:
 Artículo 66.
 Los cónyuges son iguales en derechos y deberes.
- 
Tres. El artículo 67 queda redactado en los 
siguientes términos:
 Artículo 67.
 Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la 
familia.
- 
Cuatro. El primer párrafo del artículo 154 
queda redactado en los siguientes términos:
 Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus 
progenitores.
- 
Cinco. El primer párrafo del artículo 160 
queda redactado en los siguientes términos:
 Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de 
relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o 
conforme a lo dispuesto en resolución judicial.
- 
Seis. El párrafo 2 del artículo 164 queda 
redactado en los siguientes términos:
 
- 
Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria 
potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por 
causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el 
causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un 
administrador judicial especialmente nombrado.
 
- 
Siete. El apartado 4 del artículo 175 queda 
redactado en los siguientes términos:
 4. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se 
realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con 
posterioridad a la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su 
consorte. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la 
exclusión prevista en el artículo 179, es 
posible una nueva adopción del adoptado.
- 
Ocho. El apartado 2 del artículo 178 queda 
redactado en los siguientes términos:
 2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del 
progenitor que, según el caso, corresponda:
 
- 
Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte 
hubiere fallecido.
 
- 
Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre 
que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de 
doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir.
 
- 
Nueve. El párrafo segundo del artículo 637 
queda redactado en los siguientes términos:
 Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a ambos 
cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiese 
dispuesto lo contrario.
- 
Diez. El artículo 1.323 queda redactado en 
los siguientes términos:
 Artículo 1.323.
 Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y 
celebrar entre sí toda clase de contratos.
- 
Once. El artículo 1.344 queda redactado en 
los siguientes términos:
 Artículo 1.344.
 Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las 
ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que 
les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.
- 
Doce. El artículo 1.348 queda redactado en 
los siguientes términos:
 Artículo 1.348.
 Siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o 
crédito pagadero en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se 
cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán 
capital de uno u otro cónyuge, según a quien pertenezca el crédito.
- 
Trece. El artículo 1.351 queda redactado en 
los siguientes términos:
 Artículo 1.351.
 Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las 
procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la 
sociedad de gananciales.
- 
Catorce. El artículo 1.361 queda redactado 
en los siguientes términos:
 Artículo 1.361.
 Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se 
pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.
- 
Quince. El párrafo 2 del artículo 1.365 
queda redactado en los siguientes términos:
 2. En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la 
administración ordinaria de los propios bienes. Si uno de los cónyuges fuera 
comerciante, se estará a lo dispuesto en el Código de 
Comercio.
- 
Dieciséis. El artículo 1.404 queda redactado 
en los siguientes términos:
 Artículo 1.404.
 Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos 
anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que 
se dividirá por mitad entre los cónyuges o sus respectivos herederos.
- 
Diecisiete. El artículo 1.458 queda 
redactado en los siguientes términos:
 Artículo 1.458.
 Los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Aplicación en 
el ordenamiento.
Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al 
matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus 
integrantes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación 
de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil.
Uno. El 
artículo 46 queda redactado en los 
siguientes términos:
Artículo 46.
La adopción, las modificaciones judiciales de capacidad, las declaraciones de 
concurso, ausencia o fallecimiento, los hechos relativos a la nacionalidad o 
vecindad y, en general, los demás inscribibles para los que no se establece 
especialmente que la inscripción se haga en otra Sección del Registro, se 
inscribirán al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento.
Cuantos hechos afectan a la patria potestad, salvo la muerte de los 
progenitores, se inscribirán al margen de la inscripción de nacimiento de los 
hijos.
Dos. El 
artículo 48 queda redactado en los 
siguientes términos:
Artículo 48.
La filiación paterna o materna constará en la inscripción de nacimiento a su 
margen, por referencia a la inscripción de matrimonio de los padres o por 
inscripción del reconocimiento.
Tres. El 
artículo 53 queda redactado en los 
siguientes términos:
Artículo 53.
Las personas son designadas por su nombre y apellidos, correspondientes a 
ambos progenitores, que la Ley ampara frente a todos.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título 
competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislación civil reconocida por el 
artículo 149.1.8 de la Constitución 
española sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan y de las normas aprobadas por éstas en desarrollo de sus competencias en 
Derecho Civil.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en 
vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 
guarden y hagan guardar esta Ley.
Valencia, 1 de julio de 2005.
- Juan Carlos R. -
El Presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l13-2005.html